No todos son Charlie Hebdo

GUILLERMO ALONSO DE LA ROSA

El pasado 7 de enero, Francia vivía uno de los peores días de su historia reciente. Tras años de amenazas y protección policial, la redacción de la revista satírica ‘Charlie Hebdo’, en París, fue víctima de un ataque terrorista perpetrado por islamistas, y en el que fallecieron 11 periodistas del semanario. Las muestras de solidaridad no tardaron en llegar desde todos los rincones del mundo, y ese domingo, más de un millón y medio de personas tomaban las calles de París en un grito a favor de la libertad de expresión.

Pero la imagen de la Plaza de la República abarrotada dejó entrever otra foto bien distinta, más discreta pero bajo muchos más focos. Los principales líderes europeos se desplazaron a París para repudiar los atentados y marchar en defensa de la libertad de expresión junto al presidente francés François Hollande. Entre ellos, Angela Merkel, David Cameron, Matteo Renzi o el mismo presidente del gobierno español Mariano Rajoy. Sin embargo, las políticas domésticas de estos gobernantes no parecen ir en esa línea, especialmente en lo que respecta a internet.

El caso del Reino Unido es especialmente significativo, ya que el año pasado se llevaba el “galardón” de Campeón Mundial de la Vigilancia, según Reporteros Sin Fronteras. Tras las filtraciones del caso Snowden, se demostró que la agencia de seguridad del Reino Unido monitoriza masivamente el tráfico de Internet. El propio Snowden llegó a firmar que “son peores que Estados Unidos” cuando The Guardian se vio obligado a eliminar todos los documentos filtrados que había recibido. Además, la año pasado, la Secretaría de Estado manifestaba su voluntad de prohibir que extremistas publicaran contenidos en redes sociales sin permiso. Todo ello sin definir qué es exactamente un contenido o una persona “extremista”.

También Francia es un buen ejemplo de ello.  Hace unos días, el Gobierno galo aprobaba una ley que permite bloquear sin mediación judicial los portales que inciten o hagan apología del terrorismo. El problema de nuevo es la ambigüedad con la que se pueden interpretar este tipo de contenidos, ya que la ley habla de también de “glorificar el terrorismo”, un concepto que no está claramente delimitado legalmente.

El gobierno italiano por su parte también ha manifestado su voluntad de tener un “mayor acceso a las conversaciones online entre los extremistas”. El objetivo es acceder a estos datos y crear una lista negra con los usuarios sospechosos de ser una amenaza, y el control sobre los bloqueos en la web de nuevo no pasa por ninguna autorización judicial.

Por último, en España la actualidad de las políticas antiterroristas la acapara la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, comúnmente conocida como ‘Ley Mordaza’. Esta ley, y el conjunto de medidas que incorpora, ha sido criticada por el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, por ir en contra de los derechos de reunión y manifestación. “Quiero que alguien me convenza de que una multa de 600.000 euros por manifestarse delante de las instituciones gubernamentales sin autorización, es equilibrada”.

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